El Gobierno dispuso con la publicación del Decreto 883/2020 en el Boletín Oficial una nueva reglamentación para la ley de uso medicinal de cannabis que “facilita e impulsa la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos”, busca asegurar “el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias”, incluso a través del “autocultivo o el cultivo solidario”.
La norma establece además que las obras sociales, el Estado y las prepagas “garanticen” ese acceso. En tal sentido, la defensora oficial Fabiana Vannini se manifestó esta mañana en el programa “Hoy También” que se emite por LA BRÚJULA 24 con relación a esta normativa, tan esperada y reclamada por múltiples sectores.
“Lo que cambia es que ya no hay lugar a dudas e interpretaciones posibles. La autorización llegó ahora, más allá del destino legítimo, que ya estaba en el cultivo de cannabis con fines medicinales. La legislación anterior no se tocó, solo se reglamentó. Si desde la misma ley penal se castiga a quien siembre o cultive sin autorización o con destino ilegítimo, entonces podríamos concluir que la práctica con fines medicinales no era delito”, señaló Vannini.
Además, la letrada recordó que “ya en 2018, expertos de la OMS habían ordenado a las autoridades de la ONU que retiren al cannabis de la lista de sustancias más peligrosas”, al tiempo que agregó que “aún antes de la determinación del Ejecutivo, no había delito de aquellas personas que fueron perseguidas durante mucho tiempo”.
“El uso recreativo no es delito, dentro de ciertos parámetros que la Corte detalló expresamente en 2019”, sostuvo la defensora oficial. No obstante recalcó que “la tenencia simple tiene que estar inmersa dentro de una cadena de tráfico. La Policía se lleva a la persona que pasa toda la noche en una comisaría hasta que Fiscalía determina que no implica ningún ilícito”.
Luego, se detuvo en un caso puntual, vinculado con el escándalo que se produjo en la comarca serrana con el arresto de dos dirigentes políticos cuando intentaban retirar plantas de marihuana que estaban ocultas en el INTA: “A principios de marzo intervine en una causa a raíz de un allanamiento a un matrimonio en Tornquist se les secuestraron siete plantas y se hizo una investigación”, al tiempo que agregó: “Se encontraron estas plantas, las secuestran y destruyen y luego con una serie de procedimientos llegan a dos concejales”.
Y fue aún más allá: “El decreto del Ejecutivo es para que no queden dudas, aún antes del decreto refiriendome a personas procesadas por estas cuestiones, no había delito”. En ese mismo sentido, sostuvo que “la jueza de Garantías N°4 nos dió la razón y decidió no dejar detenidos a Labarthe y Raising”.
“La semana entrante voy a pedir el sobreseimiento porque ya no hay nada para discutir desde los hechos, porque no se pudo demostrar revisando celulares o computadoras alguna cosa distinta a la tenencia con fines medicinales”, finalizó.
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